Conclusiones

Creemos, como grupo, que sin duda lo que demarca económicamente al golpe militar es la constitución de 1980. La implementación del sistema capitalista en Chile se suponía que sería la solución al desastroso escenario económico que se heredó del gobierno de Allende. Se crea el sistema neoliberal, en donde el Estado se desligaba totalmente de la economía del país, y en donde los privados podían ser parte, y más bien protagonistas de una economía dinámica y más libre. La asignación de recursos debía depender de la oferta y la demanda en un régimen de libertad de precios; las fuerzas del mercado debían reemplazar a las decisiones del Estado. Este último debía tener un papel subsidiario, lo cual implicaba limitar su tamaño y traspasar al sector privado las empresas estatales que absorbían escasos recursos y eran estimados como ineficientes. Propiciaban la búsqueda del equilibrio fiscal y recomendaban evitar que el déficit fuese financiado con emisiones de dinero. Para ello era necesario devolver la independencia a los bancos centrales, cuya política monetaria debía buscar la estabilidad a través del control de la emisión.

Las primeras tareas que enfrentaron los nuevos equipos económicos fueron el control de la inflación, disminuir la excesiva intervención gubernamental y revertir el bajo crecimiento. El remedio, como dijimos, era liberar los mercados, incluyendo la reducción de las barreras al libre comercio y flujo de capitales.

En nuestro país, se inició también un proceso de privatizaciones de las empresas estatales. El conjunto de estas medidas debía mejorar la distribución de los recursos, eliminar las trabas a la actividad económica y así lograr un crecimiento más alto. Frente a esto, el destacado economista Milton Friedman, de paso por Chile sentenciaría: “es una lástima, que nuestro modelo neoliberal no haya triunfado en regímenes democráticos”.

Chile fue el país que llegó más lejos en aquellas medidas y obtuvo mayores progresos. Su proceso de privatización se inició con la devolución de lo expropiado por la Unidad Popular y la privatización del sistema provisional creándose para ello las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) en 1981. En una segunda etapa, entre 1985 y 1989, el Estado chileno privatizó una serie de empresas del área de comunicaciones y algunas grandes empresas productoras y de servicio. Con estas ventas, la participación del Estado en el PGB se redujo menos de un 16%.