lunes, 12 de noviembre de 2007

Analizando al Gobierno Laguista




Más allá de las exageraciones, el gobierno de Lagos merece un análisis cuidadoso. Con él llega a la plenitud la aplicación del modelo neoliberal instaurado por la dictadura militar. Ya no es posible ir más allá. Ricardo Lagos es uno de los líderes de la llamada “tercera vía”, impulsada por el socialismo europeo y las corrientes socialdemócratas estrechamente vinculadas al imperio norteamericano. Lagos recorrió el mundo hablando del “milagro chileno”, que implícitamente legitima el modelo económico de Pinochet. Para Washington, Lagos es el paradigma del “izquierdista bueno”, capaz de mantener excelentes relaciones con el imperio porque no obstaculiza la globalización capitalista. Al contrario, colabora eficazmente con ella.

Un análisis de su gestión debería dar respuesta a una pregunta inquietante: ¿Cómo un gobierno que logra promedios de crecimiento mediocres -inferiores a los de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle-, que sirve de instrumento a los designios norteamericanos en la región y que no resuelve los problemas principales de la sociedad, que incluso los agrava, es visto como un gobierno de Izquierda y obtiene niveles de aprobación tan elevados?

UN EXITO QUE ES FRACASO

Chile figura entre los países considerados con mejor manejo macroeconómico en el mundo. Esa circunstancia provoca elogios desmedidos, pero, paradojalmente, constituye un ejemplo límite de lo que significa ese tipo de éxito. En ese contexto, es aparentemente inexplicable que con un ingreso per cápita cercano a los 7.000 dólares, haya tres millones de pobres, 500 mil desempleados y que falten 500 mil viviendas, sin mencionar los tremendos déficits en salud y educación. Mientras el 45% de los jóvenes de familias pobres que buscan trabajo no lo encuentran, la educación chilena vegeta entre las peor evaluadas del mundo (en las últimas evaluaciones PISA apareció en los lugares 35 y 36, de un total de 41 países). Aumenta la desigualdad de ingresos: entre 1990 y 2005 la distancia entre el 5% más rico y el 5% más pobre se elevó de 110 a 220 veces. El sistema previsional se encuentra en crisis, imposibilitado de ofrecer prestaciones adecuadas a millones de afiliados a las AFP que deberán recibir miserables pensiones mínimas financiadas por el Estado. Entretanto, en el sistema de AFP hay acumulados más de 70 mil millones de dólares.

La concentración del capital en Chile es impresionante. Según el FMI, en 2004 Chile tenía el mercado bursátil más concentrado de América Latina y de las economías emergentes del mundo. Sólo el 38% de los títulos no estaban en manos de los controladores, y el año 2003 tres grupos económicos concentraban el 74% del patrimonio de todas las sociedades anónimas. Las utilidades de las grandes empresas suben año a año -y durante el gobierno de Lagos han batido récords-. Las de los bancos culminaron en 2005, al finalizar el sexenio, con una ganancia de más de 778 mil millones de pesos (1.467 millones de dólares), lo que significa un aumento del 12,78% respecto del año anterior.

El ejemplo que mejor caracterizó la política económica del gobierno de Lagos fue la relación con las transnacionales que invierten conforme a las garantías establecidas en el DL 600, sobre inversión extranjera, impuesto por la dictadura. De esas transnacionales las más importantes están en la gran minería del cobre, y producen prácticamente el doble que la empresa estatal Codelco principalmente a base de concentrados, es decir, con muy escaso nivel de elaboración. Más o menos a mediados de 2003 se incrementó la producción cuprífera de las transnacionales que operan en Chile, produciendo en el mercado mundial una sobreoferta que hizo caer drásticamente los precios. El período de recuperación comenzó con la reactivación económica de los países occidentales y el fuerte aumento de la demanda de China, que, con tasas de crecimiento de entre 9 y 10 por ciento al año, lidera la demanda de materias primas y se ha convertido en la cuarta potencia económica mundial. En Chile se produjo también un aumento de las inversiones en el cobre. En 2000 la inversión extranjera registraba una baja anual del 20% y en la actualidad ostenta un crecimiento del 23%.

En junio de 2002 un grupo de personalidades ligadas a la defensa del cobre presentó una demanda civil contra las transnacionales por el daño directo que sus prácticas habían causado al Estado desde el momento de la transición. Lo estimaron en 32 mil millones de dólares. En la demanda abordaron el tema de la sobreproducción, de la evasión tributaria, de los fraudes cometidos con los precios de transferencia, el pago excesivo de intereses por préstamos proporcionados por la casa matriz o alguna filial, los costos de seguros y fletes abultados, etc.

A pesar de estas denuncias -en las que destacó el ex senador Jorge Lavandero- que demostraron que las transnacionales eludían impuestos y burlaban la ley, nada hizo el gobierno. Una acuciosa investigación realizada por las comisiones de Hacienda y Minería del Senado llegó a conclusiones similares, que no lograron conmover al Ejecutivo, preocupado de mantener las mejores relaciones con las transnacionales a sabiendas de que éstas se aprovechaban de esta situación.

Entonces, detonó el caso Disputada. Propiedad de Exxon, la transnacional decidió vender Disputada a la Anglo American en 1.700 millones de dólares. Disputada no había pagado nunca impuestos. Durante veinticuatro años declaró pérdidas. Entretanto, en el período total produjo más de tres millones de toneladas de cobre fino por un valor cercano -entonces- a 6.200 millones de dólares. Supuestamente, la empresa constituía un pésimo negocio dada la situación de pérdidas permanentes. Sin embargo, Anglo American estuvo dispuesta a pagar 1.700 millones de dólares, y con ello hacerse de un crédito contra el Fisco por 700 millones de dólares, por lo que es probable que Anglo American tampoco pague impuestos durante el resto de vida útil del yacimiento.

Aunque las transnacionales siguieron haciendo su agosto, en el gobierno de Lagos quedó claro que la opinión pública estaba preocupada y no creía en la limpieza y honradez de las transnacionales. Por primera vez comenzaron a perfilarse sus exacciones en perjuicio de Chile.

Finalmente, en el gobierno de Lagos, después de un tímido intento de royalty para la minería rechazado en el Congreso, en una segunda tentativa se aprobó un impuesto específico del orden del 5%, escalonado, que tendría un rendimiento de alrededor de cien millones de dólares al año, destinado en su mayor parte a un fondo de innovación tecnológica. El proyecto aprobado contó con el visto bueno de las empresas extranjeras. Sin embargo, ahora, cuando se acerca el día en que debe pagar, minera Escondida ha notificado al gobierno que no cancelará el impuesto porque un socio minoritario está acogido a invariabilidad tributaria, circunstancia que “arrastraría” a los accionistas mayoritarios. La lógica lleva a pensar que el socio acogido a la invariabilidad no debe pagar el impuesto específico llamado royalty, y sí deben hacerlo en proporción a sus acciones los que no gozan de la invariabilidad tributaria. Pero ese será un problema que deberá resolver la presidenta Michelle Bachelet.

LA INVERSION EXTRANJERA

En Chile se ha configurado un cuadro complejo en cuanto a la manera como funciona la inversión extranjera, que ha agravado el gobierno de Lagos con las garantías a la inversión extranjera que ofrecen los distintos tratados de libre comercio suscritos por el país.

Esos tratados han sido pilares en la política económica del presidente Lagos. Corresponden a formalizaciones de las relaciones económicas internacionales en el marco de la globalización neoliberal. Lógicos y razonables en la mayoría de los casos -en que se trata de economías complementarias y/o de aprovechar ventajas para las exportaciones chilenas, acoger inversiones que signifiquen recursos externos y además tecnología y asegurar intercambios fluidos-, pasan a ser discutibles cuando se trata de relaciones con grandes economías. Especialmente en el caso del TLC con Estados Unidos que tiene, además, sentido geopolítico de alianza y vinculación estratégica. Lo esencial allí son las garantías para las inversiones norteamericanas y su calidad de “primer paso hacia el Alca”. Como ha sido reconocido por el presidente Bush, y caracterizado por el ex secretario de Estado Colin Powell: “Nuestro objetivo con el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) es garantizar para las empresas norteamericanas el control del territorio que va desde el Polo Artico hasta la Antártica y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”, declaró.

El TLC con Estados Unidos fue la culminación exitosa de la opción tomada por la Concertación de privilegiar la relación con la superpotencia en desmedro de entendimientos con los países latinoamericanos, que en su mayoría rechazan el Alca y buscan caminos complementarios y de ayuda mutua en el plano económico y también en las relaciones políticas, lo que ha provocado un creciente aislamiento de Chile que sólo en los últimos meses del gobierno de Lagos parece haber sido comprendido en sus verdaderas dimensiones. Los múltiples tratados de libre comercio, finalmente, se convirtieron en logros mediáticos que convencieron a muy amplios sectores de que Chile está a poca distancia de transformarse en país desarrollado y que es considerado un socio deseable -y virtualmente indispensable- para los países más influyentes del planeta. Algo que, obviamente, sólo contribuye a la autocomplacencia y el engreimiento de los sectores dominantes y juega como cortina de humo para el conjunto de la población.

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